En Oregón se puede acceder a la psilocibina con fines sanitarios bajo licencia y regulación de la autoridad sanitaria estatal. Este modelo incluye: al menos una sesión de preparación con un facilitador acreditado, presente también en la administración; máximo 50 mg de psilocibina por sesión; sesiones individuales o grupales; y posteriormente una sesión de integración opcional.
Desde 2023, más de 20 mil personas han recibido este servicio, alrededor de seis veces más que los tres mil participantes de ensayos clínicos con psicodélicos clásicos desde 1951. Este modelo busca expandir el acceso al tratamiento con psicodélicos ante la alta demanda que los ensayos clínicos no logran cubrir, debido a limitaciones como criterios de exclusión exigentes y altos costos. También busca ofrecer a los usuarios, mayores de 21 años, mayor seguridad que el consumo sin supervisión.
Para evaluar la seguridad, calidad y resultados del servicio, se creó la iniciativa OPEN (Open Psychedelic Evaluation Nexus). Investigadores de la Oregon Health & Science University realizaron un seguimiento a 346 participantes que recibieron psilocibina en 24 centros habilitados de Oregón, reclutados entre 2024 y 2026. Se recolectaron medidas antes de la sesión, a la primera semana, 1 mes y 3 meses post-sesión, mediante distintos instrumentos validados. Con estos datos se calculó en cada seguimiento el porcentaje de participantes con síntomas moderados-severos de depresión, ansiedad y TEPT, frente al registrado al inicio del estudio, permitiendo estimar cuánto disminuyó o aumentó el riesgo de tener síntomas significativos después de recibir el servicio.
Entre los principales hallazgos se evidenciaron reducciones significativas en el riesgo de presentar síntomas moderados-severos de depresión (60%), ansiedad (71%) y TEPT (65%) a los 3 meses respecto al inicio. Asimismo, solo 4 participantes, todos sin experiencia previa con psicodélicos, reportaron eventos adversos graves que requirieron atención médica por reacciones conductuales. Sin embargo, los facilitadores reportaron únicamente 1 de dichos eventos, lo que sugiere que el sistema de reporte obligatorio del estado podría subestimar los daños reales que se manifiestan después.
Entre las limitaciones, los autores señalan el diseño no controlado y observacional del estudio: al no contar con un grupo control, las mejoras observadas podrían deberse en parte a otros factores, por lo que no puede establecerse causalidad. Cabe resaltar además que los síntomas basales eran relativamente bajos, ya que muchos participantes no buscaban el servicio específicamente para tratar problemas de salud mental y no contaban con un diagnóstico psiquiátrico confirmado. Por último, la muestra es reducida y poco diversa a nivel socioeconómico y étnico, por lo que no está claro si los resultados son generalizables en poblaciones históricamente subrepresentadas.
Si bien los autores indican que el sistema actual de reporte parece insuficiente para capturar todos los eventos adversos, sugieren que el modelo de Oregón es relativamente seguro y se asocia con mejoras en salud mental. Se esperan futuras publicaciones con datos a 6, 9 y 12 meses que aporten más evidencia orientada al desarrollo de políticas públicas y marcos regulatorios en el ámbito clínico.