Es internacionalmente conocido que Portugal y los Países Bajos son dos de los países más progresistas en cuanto a políticas de regulación de drogas se refiere. Adicionalmente, si bien menos conocido, España destaca también en este ámbito.
Estos tres países destacan por tener unas regulaciones orientadas a la reducción de riesgos y daños asociados al consumo de drogas, así como al tratamiento y apoyo de aquellos que hayan sufrido consecuencias negativas del consumo de sustancias psicoactivas.
Portugal
Empecemos con el caso que probablemente es más conocido, Portugal. La crisis del consumo de opioides sufrida por países como España y Portugal a mediados y finales de los 90 derivó en replanteamientos de los modelos implementados hasta ese momento. Por este motivo, el gobierno portugués decidió despenalizar el consumo, posesión, y otras conductas asociadas al consumo de drogas de forma categórica en el año 2000, mediante el Decreto-Ley 30/2000, que entró en vigor de forma oficial en el año 2001.
Con este cambio regulatorio, se establecen comisiones para la disuasión de las toxicodependencias (Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência), buscando así evaluar y tratar cada caso de forma independiente y personalizada. Se transiciona también hacia un abordaje centrado en la reducción de daños y riesgos en lugar de la punición del consumidor, adhiriendo al modelo medidas y programas que buscan facilitar el fin de patrones de uso problemático (con programas como intercambios de jeringuillas) y la reincorporación social (con medias como la ayuda en la búsqueda de empleo y de casa).
España
El modelo Español se fundamenta en la Ley Orgánica 10/1995 sobre Drogas, promulgada en 1992. Esta estipula la descriminalización de la posesión para el uso personal de todas las drogas, no entrando en detalle en el consumo ni en la venta de estas sustancias. Siendo el alcance de esta ley más restringido, se propone una enmienda a esta ley en 2010, la cual clarifica y refuerza las medidas de descriminalización y reducción de riesgos y daños a nivel nacional.
Las implicaciones de este modelo suponen un planteamiento centrado en la reducción de riesgos y daños, proveyendo de una amplia red para el tratamiento y apoyo a las personas que usan drogas. Estas medidas se centran en los programas de intercambio de jeringuillas, centros de testeo de drogas y reinserción social.
Países Bajos
Por último, en el caso de Países Bajos, la actual regulación deriva de la Lay del Opio (Opiumwet) de 1976, la cual abarca la mayor parte de sustancias psicotrópicas. En esta, se estipulan de forma estricta los protocolos a seguir en cuanto a la regulación de la venta y consumo de cannabis, el cual es otorgado un estatus especial, y se enmarcan provisiones sobre las medidas de reducción de riesgos y de prevención, centrándose en poblaciones especialmente relevantes.
Los abordajes en política de regulación de drogas de estos países van en línea con las últimas recomendaciones de las Naciones Unidas, puesto que apuestan por un trato más humano y justo de las personas que usan drogas.
