La Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, el principal órgano de formulación de políticas de control de drogas dentro de la ONU, integró este mes el enfoque de reducción de riesgos para la prevención de sobredosis en un significativo movimiento que habría sido inimaginable unos pocos años atrás. La resolución de su sexagésima séptima sesión viene a señalar la importancia de adoptar medidas basadas en la evidencia científica sobre salud pública, lo que se traduce en la promoción de medidas integrales de prevención, tratamiento, atención y recuperación. En ninguna de sus anteriores resoluciones había siquiera incluido el concepto de reducción de daños.
Impulsada por Estados Unidos ante el dramático aumento de sobredosis por opioides que acontece en su territorio, esta histórica resolución supone un viraje hacia la consideración de las personas adictas como pacientes en lugar de criminales en el contexto del derecho internacional. Por primera vez EE. UU. dijo estar priorizando el problema de las drogas desde el lado de la demanda.
No menos importante que este logro de la comunidad científica en detrimento de la doctrina de “guerra contra las drogas” es el hecho de que se haya aprobado por votación y no por consenso. China y Rusia votaron en contra y, a pesar de ello, ha salido adelante. Esto supone la ruptura con el espíritu consensual de Viena que, como precedente novedoso en los últimos cincuenta años de vida del órgano, podría facilitar el avance en materia de políticas de drogas al no requerir ya del acuerdo de todos los países para cada resolución. Hasta la fecha los consensos implicaban poca profundidad en las resoluciones, que acababan por ser conservadoras, mientras que las votaciones abren la puerta a otras más progresistas que permitirían una mayor velocidad de adaptación de las políticas de drogas.
Durante la sesión participó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, evento tan novedoso como el reconocimiento de la utilidad del enfoque de reducción de riesgos que, casualmente, prioriza tanto la salud pública como los derechos humanos a la hora de abordar asuntos relacionados con el uso de sustancias psicoactivas.
Durante la convención destacó asimismo la intervención de Colombia por ser la más contundente al señalar la urgencia de un cambio paradigmático en los enfoques de la CND. El presidente Gustavo Petro calificó como “anacrónico e indolente” al actual sistema de fiscalización de drogas mientras que el canciller Luis Gilberto Murillo leyó una declaración firmada por otros 61 países que ratifican un cambio en ese sentido.
Está por ver si el giro se termina apuntalando o si finalmente la CND vuelve a adoptar sus máximas prohibicionistas. Con todo, se trata de un evento sin parangón en la forma de abordar las sustancias psicoactivas que podría ser vital para la regulación del uso de psicodélicos en contextos terapéuticos alrededor del mundo, como ya ha sucedido en Australia.
